En 2011 la Corte Suprema calificó como ilícitas pruebas de los equipos del exjefe guerrillero.
Luego de que se conoció una declaración que dio, ante la Fiscalía, Andrés Vásquez, un exasesor de Piedad Córdoba, en la que hizo señalamientos como que la excongresista sería alias Teodora, que tuvo un vínculo con la otrora guerrilla de las Farc, y que retrasó deliberadamente la posibilidad de liberación Ingrid Betancourt, cuando estuvo secuestrada, surgieron preguntas de qué tanto podría esto llevar a una nueva investigación.
Por el momento, la Fiscalía dijo que no está investigando a Córdoba, pero las declaraciones que reveló Noticias Caracol pusieron sobre la mesa un tema de hace más de 10 años: los computadores del exjefe guerrillero Raúl Reyes, que supuestamente tendrían evidencias de la historia.
En un aparte de la declaración de Vásquez que publicó el noticiero, el exasesor señala que Córdoba habría creado un correo llamado teodoraah07@yahoo.es. con el cual se comunicaba con las Farc.
Ese no es un señalamiento nuevo, de hecho, en 2010 la Procuraduría sancionó a Córdoba con una inhabilidad de 18 años por «colaborar y promover a la guerrilla de las Farc», según supuesta información encontrada en archivos del computador del extinto jefe de las Farc, Raúl Reyes, quien murió en un bombardeo de las fuerzas militares en Ecuador.
No obstante, en 2011 la Corte Suprema de Justicia, en un proceso contra el excongresista Wilson Borja, investigado por la llamada ‘Farcpolítica’, declaró que las pruebas conseguidas del computador eran ilícitas porque fueron obtenidas en territorio extranjero (Ecuador) por militares colombianos y no por la Fiscalía, que es la única facultada para ese tipo de trámites en el exterior.
Por ese mismo motivo, en 2016 el Consejo de Estado tumbó la sanción de la Procuraduría a Córdoba y señaló que la cadena de custodia del computador de Reyes se había roto y no había garantía de que los archivos furan verídicos: así como que lo que había tenido en cuenta el órgano de control no eran correos sino archivos de Word que podían modificarse fácilmente.
Ahora ha surgido la pregunta de si lo que está declarando el exasesor de Piedad Córdoba sería suficiente para volver a revivir los computadores de Raúl Reyes, a lo que abogados expertos aclararon que esto no es así.
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, explicó que la declaración del exasesor es una prueba de testimonio que da cuenta de unos hechos, lo que «sería suficiente para abrir o reabrir una investgación, pero lo importante es que la declaración se acompañe de pruebas».
No obstante, enfatizó que aunque su declaración puede propiciar un proceso judicial, «si ya la Corte dijo que los computadores son ilegales, no se pueden usar. Ahora, si la persona vuelve y entrega esos mismos correos porque los tenía guardados o en su celular, por ejemplo, sí podrían usarse. Pero lo que se extrajo de ese computador no puede ser usado como prueba».
En el mismo sentido se refirió la penalista Dalila Henao, quien explicó que la declaratoria de ‘ilicitud’ de las pruebas no puede anularse porque haya una nueva declaración al respecto.
Pero si existen nuevos elementos que puedan llevar a establecer los mismos hechos por los que se vincula a Córdoba, «como lo son las declaraciones de uno de sus exasesores, puede suceder que se reabra ese capítulo en el marco de las investigaciones contra Raúl Reyes o que se inicie una investigación nueva en su contra (…) incluso se habla de su influencia en el manejo político del secuestro de Ingrid Betancourt y de algunos temas de pagos realizados con dinero que tiene un presunto origen ilícito. De llegarse a consolidar estas acusaciones, podrían incluso iniciarse investigaciones por los delitos de secuestro y lavado de activos» manifestó.
Y el abogado Camilo Burbano ratificó que ya la Corte Suprema de Justicia declaró varias pruebas que supuestamente existían en contra de la excongresista como ilícitas por violación del artículo 29 de la Constitución. «Esa declaratoria no se ve afectada por la aparición de nuevas pruebas. Las decisiones tomadas en ese proceso, por regla general, están en firme, por lo tanto, las posibilidades de reabrirlo son prácticamente nulas».
Empero, manifestó que eso no quire decir que si existen nuevas pruebas «no se pueden abrir otros procesos por hechos distintos a los ya conocidos por la Corte y empezar a hacer una nueva investigación penal en su contra”.
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