Medida jurídica daría mayor reparación a la víctima.
Buscar reducir el hacinamiento carcelario, descongestionar el sistema penitenciario, las fiscalías y juzgados, y descriminalizar “algunas conductas”, han sido las principales luces que en la última semana ha dado el ministro de Justicia, Néstor Osuna, para mejor el sistema judicial en Colombia.
Este martes, en medio de la Comisión Accidental de Seguimiento, Vigilancia y Control al sistema penitenciario que se llevó a cabo el recinto de la Comisión Sexta del Senado, el jefe de la cartera de justicia señaló la posibilidad de que si un ladrón que roba un celular tendrá que devolverlo nuevo y pagar facturas, como un sistema de reconciliación judicial.
“La justicia puede buscar la forma de reparar a las víctimas y eso puede ser más importante que el castigo penitenciario. Queremos buscar formas de mezclar el castigo tradicional con formas restaurativas donde la víctima propone cómo sería restablecida. Se lograría un acuerdo y si eso restablece a la víctima, agresión o patrimonio pues debe darse”, detalló el ministro durante un debate en el Congreso.
Ante esa propuesta EL HERALDO habló con varios abogados quienes dieron sus opiniones con relación a la propuesta del ministro que desató revuelo en redes.
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, señaló que este era un recurso jurídico que había existido en Colombia hasta hace muy poco tiempo y que consiste o que se llama “la indemnización integral” y procede procedía en todos los eventos de delitos contra el patrimonio económico, salvo el hurto con violencia y la extorsión.
“Este recurso consistía en que las partes se sientan, llegan a un acuerdo, se termina el proceso y si la persona estaba privada de la libertad la recuperaba de inmediato. Esta propuesta no es del todo novedosa, es algo que existió durante mucho tiempo y que efectivamente permitía una respuesta muy rápida a estos casos, una respuesta justa a la víctima y descongestiona el sistema penitenciario y descongestiona fiscalías y juzgados”, precisó Bernate.
En términos prácticos, la propuesta actuaría de la siguiente forma: si no es un hurto con violencia, o si no es una extorsión, el fiscal sienta las partes, se ponen de acuerdo en cómo quieren terminar el proceso.
“La propuesta que hace el ministro es muy válida, en el sentido de que si un ladrón se roba el celular, lo ideal sería que el sujeto lo devuelva y páguele la factura. Así había hecho siempre e incluso se permitía que si la víctima no estaba de acuerdo se acudía a un experto que trazaba los perjuicios, la persona los consignaba y se terminaba”, explicó el jurista.
Para el presidente del colegio de abogados la propuesta, más que reducir el hacinamiento carcelario (que ya es un problema) resuelve la congestión judicial. Esto le permitirá a la Fiscalía concentrarse en los delitos más graves, las víctimas tienen una reparación muy rápida. “Esta es una propuesta que apoyamos desde el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y que estamos prestos a colaborar en lo que se necesite”, dijo.
El abogado penalista Camilo Burbano señala que para que una propuesta sea viable, donde la reparación a la víctima y un proceso de reconciliación pueda ser una forma alternativa de solución del conflicto generado por el delito, “se debe reformar el código penal y el código de procedimiento penal”.
“Las formas actuales que existen para estos fines, que son la conciliación y la mediación, son muy limitadas y no permiten realmente una forma de descongestión judicial y de deshacinamiento carcelario. Entonces, para que una propuesta como esta sea viable, se requiere una reforma legislativa”, dijo el abogado y ex director nacional del Sistema Acusatorio.