Investigadores y expertos de diferentes organizaciones analizaron las dinámicas que afronta el país y propusieron ideas para mejorar la seguridad y disminuir el delito. El encuentro con el Ministerio hace parte del diagnóstico que adelanta esa cartera en el arranque del Gobierno Petro.
El diálogo de la FIP con representantes del sector Defensa y expertos en seguridad, se centró en cuatro temas que consideramos claves para avanzar en una política de seguridad y convivencia ciudadana eficaz. El primero, es brindar seguridad efectiva y disminuir el delito. El segundo, reducir la violencia y contener a los grupos armados y del crimen organizado. El tercero, fortalecer la gobernanza y eficiencia del Estado en la provisión de seguridad. Y, por último, impulsar una reforma al sector seguridad.
“El nuevo Gobierno tiene el reto de recuperar la protección de los ciudadanos como el principal objetivo de las políticas de seguridad. Esta debe ser su prioridad y solo cambiando el enfoque logrará construir legitimidad y gobernabilidad institucional”, dijo Jerónimo Castillo, director de Seguridad y Gobernanza de la FIP, al inicio del encuentro en el que participó un grupo de expertos en temas de seguridad de diversas organizaciones convocadas por la Fundación.
Nuestra directora, María Victoria Llorente, hizo un llamado a que en el marco de los tres temas claves se prioricen asuntos como coordinar la justicia con el poder ejecutivo. “Se necesita ir más allá de la norma y encontrar una estrategia para ponerse de acuerdo”, dijo. Y agregó que es necesario entender que los problemas de seguridad deben ser discriminados desde lo local y lo nacional, así como conocer y reconocer las capacidades locales para atender la seguridad en cada región.
“Hay coincidencias entre sectores”
Alberto Lara, viceministro para Políticas de Defensa y Seguridad, reconoció que es un desafío construir una política focalizada en la protección de la vida, por la cantidad de voces, pero al mismo tiempo, fundamentales para crear las condiciones para la Paz Total. “Nos damos cuenta de que hay muchas coincidencias entre comunidades, organizaciones sociales, gremios y ustedes, los expertos. Por ejemplo, en la necesidad de diseñar estrategias que sean más regionalizadas, saber leer qué es lo que ocurre en materia de amenazas contra la seguridad y, particularmente, contra la vida de los colombianos y de las colombianas”, dijo.
Por su parte, Miguel La Rota, analista del Laboratorio de Justicia de Política Criminal, destacó la importancia de que el gobierno realmente tenga una actitud de escucha. “Esto es algo relativamente nuevo. Estos espacios se pueden aprovechar para retomar temas que han estado estancados durante años”.
La FIP seguirá buscando acompañar el desarrollo de la política de seguridad y convivencia ciudadana, por medio de la articulación con los ministerios de Justicia, Interior, el Departamento Nacional de Planeación y diferentes miradas de expertos, para dinamizar este proceso de política pública. “Nuestras propuestas le apuntan a ir más allá de los qué de los problemas y enfatizar en los cómo, con la ciudadanía en el centro. Esto significa pasar de una defensa institucional a una defensa de los derechos de la ciudadanía”, puntualizó María Acosta, investigadora de la FIP.
