La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Corte Penal Internacional (CPI) firmaron un convenio de cooperación para tener presencia permanente de funcionarios del tribunal internacional en Colombia.
El acuerdo fue firmado entre el presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal López, y el fiscal de la CPI, Karim Khan, quien se encuentra de visita en Colombia. El convenio permitirá tener un enlace permanente de la CPI en la JEP y a su vez un representante de la JEP ante el Tribunal de La Haya.
El magistrado Vidal señaló que ese acuerdo es un desarrollo de lo firmado en octubre del 2021 durante el gobierno del presidente Iván Duque, cuando se cerró el examen preliminar que ese organismo internacional mantuvo sobre Colombia durante casi dos décadas.
A su turno, el fiscal Khan dijo que durante la firma de ese acuerdo quedó claro que la CPI no se iría de Colombia y que en ese sentido se dan estos desarrollos que ahora son respaldados por el gobierno del presidente Petro.
El funcionario apoyó igualmente el trabajo institucional que ha logrado la JEP con otras entidades como la Fiscalía y destacó el trabajo conjunto que se ha venido realizando entre la jurisdicción de paz y la justicia ordinaria.
Frente a las declaraciones de Salvatore Mancuso y la mención de empresarios y otros sectores vinculados a supuestos delitos cometidos por grupos paramilitares, señaló que Colombia tiene un sistema sofisticado y que la Fiscalía y la JEP tienen la competencia para adelantar esas investigaciones. Enfatizó que solo si se determina que un país no ha hecho esfuerzos para llegar a la verdad en delitos, se abre la competencia de la CPI.
En ese sentido, señaló que el convenio firmado entre la JEP y la CPI permitirá seguir los avances en las investigaciones que se adelanten en el país. Sin embargo, sostuvo que las declaraciones de Mancuso se dieron en el marco de la JEP y que de allí en adelante las autoridades de Colombia son las que deben determinar el rumbo de las investigaciones.
«No es que los funcionarios que llegan de la CPI van a interferir en los procesos, en la etapa de investigación o de juicio de los perpetradores que está analizando la JEP, no»
Enrique Prieto-Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, dijo que el convenio es válido legalmente: “No es que los funcionarios que llegan de la CPI van a interferir en los procesos, en la etapa de investigación o de juicio de los perpetradores que está analizando la JEP, no; ellos van a ser un apoyo técnico, pero en ningún momento van a tener un papel activo”.
Por su parte, el abogado Camilo Burbano coincidió en que la oficina que se abrirá en el país no tiene como función investigar la impunidad, y que su misión es apoyar el trabajo que viene adelantando la JEP.
«Debe recordarse que la competencia de la Corte Penal Internacional es limitada y residual. Limitada porque solo investiga y juzga el delito de genocidio, graves violación es al DIH, a los derechos humanos, crímenes de guerra, de lesa humanidad y el crimen de agresión, según lo estipula el Estatuto de Roma», concluyó el penalista.
Mientras que Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre -y exmagistrado auxiliar de la JEP- indicó que la posible apertura de una oficina de la CPI resulta «viable y necesaria» en el marco de la cooperación con las autoridades colombianas.
«Esto significa un trabajo conjunto de apoyo técnico, jurídico y político, que permita que la JEP en Colombia funcione en una relación articulada con CPI, lo que se ha denominado como complementariedad positiva«.
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